Resolución demoledora del Parlamento Europeo

(Fuente imagen: Wikipedia)


El pasado 4 de septiembre, el Parlamento Europeo ha aprobado la revisión intermedia del informe Frédérique Ries, que es el Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010.

La resolución aprobada por el Parlamento Europeo es un aviso a los Estados miembros para que cambien de actitud, se anticipen y eviten las nuevas amenazas potenciales en materia de medio ambiente y salud, entre las que se encuentran las ondas electromagnéticos, (que son un "factor medioambiental determinante"), producidas por la telefonía móvil o los transformadores eléctricos.

Resumiendo, el Parlamento Europeo se centra en los siguientes puntos:

• Han aparecido nuevas enfermedades o síndromes de enfermedades, tales como la hipersensibilidad química múltiple, la hipersensibilidad a los campos electromagnéticos, el síndrome de los edificios enfermos o el déficit de atención con hiperactividad en los niños.
• Es necesario tener en cuenta especialmente como punto de partida, para la evaluación del impacto en la salud y para tomar medidas para reducir la exposición, a los grupos de personas vulnerables (mujeres embarazadas, niños, recién nacidos y personas de edad avanzada), que son los más sensibles.
• Los límites de exposición a los campos electromagnéticos establecidos para el público son obsoletos.
• Hay que fijar unos límites de exposición más exigentes.
• Manifiesta gran interés por el Informe Bioinitiative, cuyas conclusiones señalan los peligros para la salud de las emisiones de la telefonía móvil.
• Pide que, mediante medidas fiscales u otros incentivos económicos, se anime a los actores del mercado a reducir la exposición a la radiación electromagnética.
• Debe de establecerse un registro epidemiológico de enfermedades vinculadas a factores medioambientales.
• El principio de precaución debe ser uno de los fundamentos de la política de protección y redución de riesgos en el ámbito del medio ambiente y la salud.
• Considera necesaria una inversión de la carga de la prueba en lo relativo a la inocuidad de los productos, para que ésta recaiga en el productor (no hay que demostrar que las radiaciones electromagnéticas son dañinas, sino que son las operadoras las que deben demostrar que no afectan de forma negativa a la salud)
• Pide que no se debilite la legislación existente bajo la presión de grupos de interés.

A ver si nuestros políticos se dan un poco por enterados, ya que el tema del impacto de las radiaciones electromagnéticas en la sociedad ni son imaginaciones nuestras, ni sólo se puede hacer caso al que pueda hacer más negocio. Está en juego nuestra salud, la de nuestros pequeños y mayores, y la protección del medio ambiente. Y la solución no está, desde luego, en poner una antena en cada esquina.