Escuela sin WiFi

(Fuente e imagen: Organización para la defensa de la Salud)

Se ha puesto en marcha la campaña ‘Escuela sin WiFi’ con el objetivo de sustituir esta modalidad de conexión inalámbrica a Internet por tecnologías que no impliquen riesgos para la salud, como las conexiones por cable. Esta campaña nace con el apoyo de más de 250 colectivos sociales y organizaciones de todo tipo.

La web de esta iniciativa ofrece amplia información sobre los posibles peligros del WiFi, los estudios científicos que indican su relación con determinadas enfermedades, qué alternativas a esta tecnología son más convenientes desde el punto de vista de la salud, cuál es el marco legal que regula las emisiones de campos electromagnéticos y cuáles son los argumentos,desde el punto de vista del derecho medioambiental, para exigir la retirada del WiFi en las escuelas.

Según la directora de la Organización para la Defensa de la Salud, Irina de la Flor, “existe una gran preocupación social sobre las radiaciones de las antenas de telefonía móvil, pero casi nadie sabe que el WiFi es incluso más peligroso, porque tenemos estos dispositivos inalámbricos emitiendo dentro de nuestras casas y dentro de los colegios a los que llevamos a nuestros hijos. El resultado es que los niños están recibiendo una sobreexposición continua a estas radiaciones, y eso tiene que cambiar”.

Las radiaciones de los campos electromagnéticos no ionizantes aumentan el riesgo de desarrollar a largo plazo distintos tipos de cáncer, pero también tienen otros efectos a corto plazo en nuestra salud, más difíciles de identificar. “La disminución en la capacidad de concentración o de aprendizaje, o los dolores de cabeza frecuentes, son algunos de los síntomas que pueden estar causados por las radiaciones. En el caso de pacientes infantiles, el diagnóstico es complicado porque los padres suelen interpretarlos como molestias pasajeras”, explica el doctor Miguel Solans, por cuya consulta ha pasado un gran número de pacientes electrosensibles.

“En los niños el problema cobra aún más importancia, dado que una sobreexposición crónica a estas radiaciones tiene unos efectos acumulativos importantes y puede afectar a su sistema nervioso, neurológico, inmunológico y a todo su desarrollo”, señala. “De hecho, hay una vinculación entre el déficit de atención e hiperactividad y las radiaciones electromagnéticas. Aunque no son la única causa, sin duda afectan”, añade el Dr. Solans.

Para el abogado Agustín Bocos, especialista en derecho medioambiental y en contaminación electromagnética, “la legislación que regula en España la emisión de campos electromagnéticos es insuficiente, obsoleta y no protege la salud de los ciudadanos. Nuestra normativa se basa en un Real Decreto del año 2001 que no recoge las conclusiones de informes científicos posteriores ni los avances en la tecnología que se han producido en esos años, por lo que deja a los ciudadanos indefensos ante esta amenaza”, explica.

El Consejo Europeo emitió el pasado mes de mayo una resolución por la que aconsejaba como límites 0,1 microwatios por centímetro cuadrado a corto plazo, y a medio plazo 0,01 microwatios por centímetro cuadrado. “Sin embargo, la legislación española establece los límites legales entre 450 microwatios por centímetro cuadrado para frecuencias de 900 megaherzios y 900 microwatios por centímetro cuadrado para frecuencias de 1800 megaherzios. En el primer caso, esto es 4.500 veces más de lo recomendado; y en el segundo, nada menos que 9.000 veces más. Es una barbaridad. Y es un hecho incontestable que cada vez hay más personas electrosensibles. Estamos como con el tabaco hace diez o quince años” argumenta Bocos, que insiste en que “lo más incomprensible de todo es cómo se está pasando por alto el principio de precaución. Si una tecnología no ha demostrado ser segura, no puede generalizarse de esta manera, aunque sólo sea por sentido común”.

En la actualidad países como Francia, Inglaterra y Suecia ya están dando pasos para eliminar la
tecnología wifi de lugares públicos como escuelas, bibliotecas, museos, etc. “España no debería quedarse a la cola en este asunto, porque sin duda traerá consecuencias de salud pública muy serias en un futuro no muy lejano”, concluye Irina de la Flor, directora de la Organización para la Defensa de la Salud.